Sala Político Administrativa publicó decisiones en el marco del Acuerdo de Barbados
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que, “cumpliendo con la Constitución, las leyes vigentes y en el marco del Acuerdo de Barbados”, la Sala Político Administrativa procedió a publicar las decisiones tomadas en todos los casos de inhabilitación a partir de las solicitudes hechas por varios dirigentes, actores políticos y organizaciones.
En tal sentido, se destaca la ratificación hecha este viernes 26 de enero de la inhabilitación para ejercer cargos públicos a María Corina Machado. La sentencia número 00005, explica que la Sala “ratificó la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República” y «en consecuencia el Contralor General de la República está facultado para establecer sanciones de inhabilitación».
La medida sobre la dirigente del movimiento Vente Venezuela es de 15 años y se plantea por presuntamente estar vinculada en la «trama de corrupción orquestada por el usurpador» Juan Guaidó, quien, según el documento, «propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero”.
Sobre la decisión pesa el hecho de que se ha señalado la complicidad de gobiernos corruptos para la entrega de la empresa Citgo Holding, Inc y Citgo Petroleum Corporation, con un valor aproximado de 34.000 millones de dólares americanos, a la empresa canadiense Crystallex por 1.500 millones de dólares americanos, lo que causó un daño al patrimonio de la nación por 32.500 millones de dólares americanos.
Ajustados a los hechos
Es clave resaltar que para el TSJ, la solicitud hecha por Machado sobre su situación “no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados firmado el 17 de octubre de 2023, por lo que ratificó su inhabilitación para ejercer funciones públicas”.
Cabe destacar que todo parte de la Resolución número 01-00-000285, de fecha 16 de septiembre de 2021, emanada de la Contraloría General de la República, por una investigación iniciada en mayo de 2014 y «donde fueron tomadas medidas cautelares. Sin perjuicio de las acciones penales y pecuniarias a que pudieran dar lugar sus actuaciones».
María Corina Machado Parisca fue asistida por el abogado Perkins Rocha Contreras.
El panorama para Capriles
La Sala Político Administrativa también tomó decisiones sobre la situación de Henrique Capriles, ratificando de igual forma la medida que pesa sobre él con inhabilitación por 15 años.
De acuerdo con la sentencia N° 00003, del Tribunal Supremo de Justicia, Capriles “no podrá optar por cargos de elección popular por el referido periodo de tiempo”.
A Capriles se le señala “por irregularidades administrativas ocurridas durante los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer trimestre del 2013, en el desempeño de sus funciones como Gobernador del estado Bolivariano de Miranda, al haber actuado de manera negligente al no presentar el Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, ante el Consejo Legislativo del aludido estado (…)”.
Nuevos dirigentes con posibilidades políticas
También en el marco del Acuerdo de Barbados, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó medidas sobre otros dirigentes políticos de la oposición, permitiéndoles incorporarse a la dinámica electoral y, en muchos casos, despejando la vía en las organizaciones donde militan.
En este sentido, habilitó la tarde de este viernes a cinco dirigentes de varios partidos políticos: Richard Mardo, Pablo Pérez, Daniel Ceballos y Rosa Scarano.
Mardo, de Primero Justicia, aseguró que “desde 2018 se había cumplido su inhabilitación de 12 meses”. El TSJ admitió así la demanda por vía de hecho “conjuntamente con acción de amparo cautelar” presentada por él también contra esa inhabilitación.
Para Pablo Pérez, exgobernador del estado Zulia (2008-2012), se cierra un ciclo iniciado en 2015. Daniel Ceballos, quien fue inhabilitado en 2015, asistió al TSJ en diciembre de 2023 para introducir un amparo.
Rosa Scarano, quien ejerció como alcaldesa en el municipio San Diego del estado Carabobo, tenía desde 2015 una investigación de la Contraloría por un “supuesto pago ilegal”.
Fuente: el universal